Artículo de Bez.es, 16/08/2016
Indra, Mora Salazar, GMV y Atos componen la cabeza nacional de la seguridad fronteriza en la Unión Europea, un sector en pleno auge por el robustecimiento del proyecto ‘smart borders’, fronteras inteligentes, de la Unión Europea al calor de la lucha contra la inmigración irregular, la crisis de refugiados, el terrorismo yihadista y, sobre todo, del poderoso lobby de la industria de seguridad y defensa en Europa.
El mercado de la seguridad fronteriza atraviesa una época de bonanza. En 2015, hizo circular 15.000 millones de euros en territorio comunitario, una cantidad que doblará hasta los 29.000 millones en 2022.
A juicio de las organizaciones pacifistas y de derechos humanos, la UE militariza sus fronteras en respuesta a la inmigración irregular y la amenaza del terrorismo yihadista, pero también para contener la crisis de refugiados y corresponder a las presiones del poderoso lobby de la industria de seguridad y defensa. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, les pone voz desde Hiroshima (Japón), donde acaba de participar en la Conferencia contra armas nucleares, y atribuye la militarización de los pasos europeos a “un logro de las empresas de seguridad y defensa que accederán a enormes presupuestos en los próximos años”.
Hablan las cifras. Desde 2011, Frontex tiene presupuesto y capacidad para adquirir sus propios equipamientos, lo que le ha dado alas a la hora de contratar a empresas privadas. Los fondos destinados a la agencia se han incrementado un 67,3% en un solo año, de los 142,6 millones de euros con los que contó en 2015 a los 238,7 millones presupuestados para 2016. La inyección es aún más significativa, un 6.388%, si lo comparamos con los 6,3 millones con que arrancó en 2005. En total: 4.500 millones hasta 2020. Con la puesta en funcionamiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que asumirá sus funciones en otoño, este paquete aumentará hasta los 281 millones de euros en 2017, 298 millones en 2018, 310 millones en 2019 y 322 millones en 2020. “El nuevo organismo podrá obligar a los Estados miembros a reforzar sus pasos limítrofes, lo que con toda probabilidad supondrá un gasto extra”, detalla Mark Akkerman, autor del informe Guerras de fronteras, elaborado por la ONG holandesa Stop Wapen Handel en colaboración con el Transnational Institute.
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